¿Que hacemos ante la inseguridad?

Cuando un observador reflexiona sobre lo que significa ser un ciudadano, una de las imágenes que se destaca es la de una predominante inseguridad.

El sentido de la vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos se extiende a cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo y el cuidado de la salud, hasta percepciones que van de mal en peor sobre la degradación ambiental y la seguridad personal. Pero en si la realidad de América Latina, no sólo nos ha permitido observar con meridiana claridad la situación de indefensión en la cual se encuentran los ciudadanos, frente al problema de la inseguridad, sino también constatar el divorcio entre el Estado y la Sociedad.

Por ello hablamos de "seguridad del ciudadano", aunque la frase en sí misma puede no ser utilizada en la conversación cotidiana entre la multiplicidad de los pobladores, ella refleja un sentimiento que se comprende y se expresa en niveles anecdóticos: la problemática de viajar con seguridad desde el hogar hacia el trabajo o la escuela, el temor a ser atacado en su propia residencia, una desconfianza severa en las instituciones responsables de la seguridad pública (la policía, los militares, el sistema judicial, etc.), y el sentido de vulnerabilidades crecientes contra una violencia aparentemente incontrolable, entre otras preocupaciones.

Mientras la delincuencia, la violencia y otros factores alcanzan niveles nunca vistos, el asunto de la seguridad –o la inseguridad– del ciudadano se han convertido en un tema constante en el quehacer cotidiano de los pobladores.

La extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad.


En términos políticos, la insensibilidad del Estado de proveer seguridad pública a sus ciudadanos, a través de una policía eficaz e instituciones eficientes, ha resultado en la pérdida de su legitimidad.

Existe la tendencia a ver como debilidad la incompetencia del Gobierno para responder apropiadamente a la delincuencia, mientras que al mismo tiempo el uso constante de la fuerza pública para combatir la violencia (es decir, respondiéndole a la violencia con más violencia) lo coloca bajo una luz de ineficiencia y carencias democráticas. La percepción de que el Estado le ha fallado a la sociedad en sus deberes explícitos se agrava especialmente cuando las instituciones dotadas para proteger y preservar la seguridad pública se convierten en las fuerzas mismas que la minan.

Por otro lado, en nuestra región el crimen violento, la violencia delincuencial y la violencia juvenil llegan a producir, en algunas ciudades, verdaderos espacios urbanos de guerra social cotidiana; áreas de una violencia sin causa ni fin.

Pero además, la expansión de la criminalidad, ha evolucionado de la mano con un creciente desorden público e inseguridad pública y ciudadana, como lo demuestran los diferentes estudios de este fenómeno elaborados en distintas ciudades del Continente

Podemos señalar diversos casos que son representativos del problema estructural y generalmente histórico, donde la fuerza pública es a la vez el actor principal en la protección de la sociedad, y en la perpetración de la violencia contra esa misma sociedad.

Ese fracaso del Estado en el cumplimiento de su deber público de mantener el orden social ha conducido a un fenómeno creciente y perturbador lo que conlleva: al surgimiento de fuerzas de seguridad privadas. Ya sean Serenos, Ronderos, Comités de Autodefensa o la Guardia de Seguridad contratada que monitorea un edificio de departamentos, una cuadra o un barrio; esas fuerzas colectivas en algunos casos solo han empeorado el asunto de la inseguridad. Debiendo siempre de tener en cuenta que como la violencia genera más violencia, el exceso de seguridad privada genera más inseguridad.

En muchos casos, esa "privatización" de la seguridad ha conducido a políticas locales de seguridad ciudadana desarticuladas, incoherentes e inconsecuentes.

Además, los sectores más pobres de la sociedad son los que más sufren dada su carencia de recursos para proveer su propia seguridad. Cuando el Estado abandona su deber de proteger a los ciudadanos se agrava la ya cruda vulnerabilidad de los pobres, quienes como grupo social constituyen la mayor parte de la población en el país.

La última dimensión de la delincuencia está relacionada con su dinámica social. Demasiado a menudo el asunto de la corrupción y del delito de alto vuelo se pierde en el debate inmediato sobre el número de homicidios o la tasa de criminalidad.

Sin embargo, tales actos de delincuencia hablan directamente de la fracasada capacidad de las instituciones diseñadas para apoyar el aparato estatal.

Pero sin embargo, es necesario señalar que la presencia de la corrupción y el grado en que resulta endémica en una sociedad amenazan al propio Estado debido a su naturaleza estructural. La incorporación de prácticas corruptas en el comportamiento y las normas sociales –a través de las ahora bien conocidas características del clientelismo, el corporatismo, y el patrocinio– refleja una construcción social que acoge la criminalidad, o que es por lo menos reticente a combatirla.

Existe una interacción negativa innegable entre la violencia, el capital social, y el desarrollo económico. Como en una reacción en cadena, una escalada en los índices de violencia y crimen, generalmente asociados a condiciones económicas deteriorantes destruye el capital social al erosionar la sociedad.

Al mismo tiempo, precisamente las estructuras sociales son indispensables para enfrentar y frustrar la inseguridad creciente y, más importante, para promover el desarrollo económico de un país, el cual a la larga romperá uno de los vínculos principales del ciclo de violencia: el económico. Estudios recientes sobre este tópico, así como datos de observación, subrayan las importantes implicaciones de garantizar la seguridad ciudadana para todos los miembros de una sociedad.

Por otro lado, los sentimientos de vulnerabilidad y de carencia de seguridad pública son más bien una percepción que una realidad inmediata, los efectos sobre la sociedad y el Estado son iguales: la desintegración del tejido social de una ciudad o de un país, instituciones debilitadas (específicamente los sistemas judiciales y penales), y pérdida de la legitimidad política de un gobierno, o aún peor, de una nación entera.

Durante las últimas dos décadas ha habido una tendencia innegable al empeoramiento de la inseguridad. Esto ha sido lo más notable en la "regionalización" del crimen (es decir, el tráfico de de drogas, contrabando, y de vehículos robados) y en la percepción de los ciudadanos de que este es uno de los principales problemas sociales, solo sobrepasado por las preocupaciones económicas.

Como resultado de la declinación aparentemente perpetua en la seguridad pública, se deben encontrar nuevas perspectivas y modelos. Tenemos que pensar en alejarnos de las soluciones puramente preventivas y vengativas que han dominado el área de la seguridad ciudadana, e incorporar una orientación dirigida más hacia lo "situacional" y lo "social". Donde la noción de "seguridad ciudadana" se debe amplificar para equiparar la seguridad con la protección de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, y del orden público.